‘Tameño’, ‘Napo’ y ‘El Indio’ fueron imputados por el delito de concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres señalados cabecillas de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, que tiene injerencia criminal en Cundinamarca, Guaviare, Casanare y Meta.
Se trata de Albeiro Montaña Daza, alias Tameño; Napoleón Hernández Ortega, alias Napo; y Eberson Airton Sánchez Barros, alias El Indio, quienes serían los articuladores principales de homicidios, cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el oriente del país.
Estas tres personas fueron capturadas en diligencias de allanamiento realizadas en zona rural de Paratebueno (Cundinamarca) y Yopal (Casanare), en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional. Los elementos de prueba dan cuenta de que el grupo armado a su cargo estaría involucrado en, por lo menos, 32 asesinatos ocurridos en el oriente del país.
Asimismo, se le atribuye el crimen del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, perpetrado el 2 de febrero de 2022, en la vereda Guarupay, en Cabuyaro (Meta).
Por ahora, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Los procesados no aceptaron el cargo y deberán cumplir medida de aseguramiento. Las investigaciones en su contra continúan para establecer la posible participación en varios asesinatos cometidos por integrantes de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
LYBT/JARG/MCR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
