Los procesados, al parecer, serían los encargados de realizar disparos a viviendas y establecimientos comerciales de víctimas relacionados con extorsiones.
La Fiscalía General de la Nación, logró que un juez de garantías enviara a un centro carcelario a cuatro personas y a dos más les impuso medida restrictiva de la libertad en su residencia, presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado GDCO ‘Los Yeico’.
Los procesados, al parecer, serían los encargados de realizar disparos a viviendas y establecimientos comerciales de víctimas a las que posteriormente le realizaban extorsiones.
Información suministrada por una fuente entre otras labores de policía judicial dan cuenta de que los capturados, presuntamente realizaban estás actividades.
Durante las diligencias de allanamientos las autoridades decomisaron dos armas de fuego, entre ellas una escopeta, municiones para las mismas, dos motocicletas, cinco celulares y una libreta con números y nombres de las posibles víctimas.
Se pudo establecer que las exigencias económicas oscilaban entre los cinco y 100 millones de pesos.
Un fiscal adscrito a la seccional La Guajira, les imputó los delitos de fabricación, tráfico, o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
Los procesados fueron identificados como Juan Diego Martínez Pirela, Rixion Antonio Espinoza Barrios, Yenderson López Martínez, Samid Pérez Mejía, Ever Lion Jiménez Gutiérrez y Juan José Pérez Martínez.
Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/SHHG/DSG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
