La contundencia del material probatorio presentado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitió judicializar a dos hombres que habrían participado en el homicidio de líderes sociales en Risaralda y Santander.
Crimen de líder social en Risaralda
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Leandro González, presunto responsable del asesinato del líder comunal, Elmer de Jesús Castañeda, ocurrido el pasado 20 de agosto.
En la investigación se conoció que el hoy procesado habría llegado a la vivienda de la víctima, ubicada en Dosquebradas (Risaralda), la atacó con arma blanca hasta causarle la muerte y se llevó algunos objetos de valor. En ese sentido, fue imputado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.
Judicialización de alias Juan Pablo
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación logró la judicialización de Jean Carlos Arteaga Londoño, alias Juan Pablo, por su posible participación en el crimen del líder social Carlos Eduardo Rincón Silva, perpetrado el pasado 19 de agosto, en Puerto Wilches (Santander).
La evidencia obtenida indica que este hombre sería uno de los sicarios de una estructura delincuencial que tiene injerencia en el departamento. Al parecer, junto a otras personas armadas interceptó a Rincón Silva y le disparó en varias oportunidades. Alias Juan Pablo fue imputado por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, o municiones agravado.
El procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/AA/UEI/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
