La contundencia del material probatorio recopilado por una fiscal de la URI de la Seccional Atlántico permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel con medida de aseguramiento a Pedro Manuel Ferres Pineda de 21 años, al inferir su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Los hechos se registraron el pasado 7 de agosto en Juan Mina (Atlántico), sobre la vía Circunvalar de la Prosperidad, por donde dos bacteriólogos y un odontólogo se movilizaban en una camioneta para atender el llamado de una mujer que los contactó, para supuestamente tomar unas pruebas rápidas de Covid-19 y un trabajo odontológico, en una finca.
En el lugar, las víctimas fueron rodeadas por cinco hombres armados y encapuchados, entre los que se encontraría el hoy detenido, que se identificaron como miembros del ‘Clan del Golfo’ y las bajaron del vehículo con amenazas de muerte, luego las despojaron de sus pertenencias (dinero, celulares y prendas de oro), así como del automotor.
A los familiares de los profesionales de la salud les exigían 70 millones de pesos para no atentar contra su vida y liberarlos.
Según la indagación adelantada por el ente acusador, el procesado, quien tiene anotaciones judiciales por porte ilegal de armas y extorsión, vendría haciéndole seguimiento a las víctimas desde hace cuatro meses.
Ferres Pineda fue capturado el 8 de agosto último por miembros del Gaula de la Policía Nacional. En el operativo le fue incautado un arma de fuego y un proveedor.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó los cargos imputados.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
SKCR/DLBM/MCB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
