Una fiscal de la Unidad de Vida judicializó en Cartagena (Bolívar) a una mujer por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de tres años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el corregimiento de Ararca (Bolívar) el 2 de junio de 2023, cuando la procesada ingresó al menor a un centro asistencial en delicado estado de salud por una supuesta caída que había sufrido. Minutos después el niño falleció.

Labores investigativas permitieron establecer que el menor se encontraba en estado de desnutrición, abandono, descuido y que presentaba antecedentes de maltrato en su cuerpo.

Al parecer, la violencia contra el niño por parte de su progenitora comenzó desde que tenía pocos meses de nacido y se realizaba de manera física, verbal y sicológica.

Según dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, el menor presentaba traumas en el cráneo, el tórax, el abdomen y en la región lumbar, así como hematomas en el rostro y desgarros de ligamento del hígado como producto de agresiones continúas a las que fue sometido.

La hoy implicada de 19 años, se entregó en las instalaciones de la Fiscalía en Cartagena tras la orden de captura que se emitió en su contra.

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.

El juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en la cárcel de mujeres de la capital de Bolívar.

 

Esta información se publica por razones de interés general.

 

MEVA/LMFO/CFG/DS/DSB

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.