El material de prueba da cuenta de que sería el responsable de homicidios ocurridos en Jamundí y otros municipios de Valle del Cauca.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Omar Andrés Velasco Obando, alias Pantera, un presunto integrante de la comuna móvil Jaime Martínez de las FARC, a quien se le atribuyen homicidios y otras conductas delictivas en Valle del Cauca.
Los elementos de prueba indican que este hombre sería uno de los sicarios del grupo ilegal y estaría involucrado directamente en dos crímenes ocurridos en Jamundí (Valle del Cauca).
En uno de los eventos, sucedido el 30 de agosto de 2020, murió el mayor en retiro del Ejército Nacional Cristian Camilo Vergara. La víctima fue asesinada mientras realizaba ciclomontañismo en el corregimiento de San Vicente. El otro hecho está relacionado con el homicidio de Miguel Gómez Artunduaga, registrado el 8 de abril del 2020, en el sector de San Antonio, en la zona rural de Jamundí.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Pantera los delitos de: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.
Omar Andrés Velasco Obando, alias Pantera, fue capturado en un bar de Santander de Quilichado (Cauca), en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali. En el procedimiento le fueron encontrados $3’000.000 en billetes de $50.000.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
JARG/DECOC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
