El dictamen médico legal evidenció lesiones de gravedad en el cuerpo de la víctima y afectaciones de tipo sexual, por lo que fue puesta a protección del Instituto Colombiano de Bienestar familiar.
En garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer que habría sometido a su hijo de cuatro años a distintos vejámenes durante el último mes, en un inmueble del barrio Ferrocarril, en Soledad (Atlántico).
Los elementos de prueba dan cuenta de que la señalada agresora, de 24 años, presuntamente quemaba al menor de edad en distintas partes del cuerpo con cucharas calientes y cigarrillos, además de ocasionarle cortaduras en los dedos y extremidades, entre otros actos que le generaron graves lesiones.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó que el niño presentaba hematomas, laceraciones y heridas que evidenciaban un escenario de violencia. En ese sentido, permaneció durante varios días en un centro asistencial. Al ser dado de alta, quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su protección y restablecimiento de derechos.
La madre de la víctima fue capturada por unidades de la Policía Nacional en el barrio Las Estrellas, en Barranquilla. Un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la Seccional Atlántico la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de violencia intrafamiliar agravada, tortura y acto sexual.
Los cargos no fueron aceptados por la procesada, que deberá cumplir medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla.
SKCR/JARG/CRAM/MRP/DSA.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
