La niña habría sido sometida a toda clase de agresiones sexuales por parte del hombre, quién también fue privado de la libertad.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Huila, judicializó a una mujer y a su compañero sentimental, por presuntamente obligar a su hija, de 11 años, a sostener relaciones con su padrastro.
Los hechos por los cuales son investigados ocurrieron entre abril de 2019 y enero del presente año en la vereda Las Juntas de Palermo, en Las Palmas de Pitalito y en el asentamiento Santa Helena de Santa María (Huila).
Según la investigación la niña, desde que tenía 9 años, habría sido obligada por su mamá a sostener relaciones íntimas con su padrastro bajo la amenaza de ser echada de la casa.
Igualmente, se estableció que este hombre al parecer aprovechaba su autoridad dentro del núcleo familiar para acceder sexualmente a la menor.
Una vez las autoridades conocieron los hechos, fue activada la ruta de atención por violencia sexual a la menor. Uniformados de la Sijin capturaron a esta pareja mediante orden judicial en un sector popular de Santa María (Huila).
La Fiscalía les imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años; todos agravados. Cargos que no aceptaron.
En el desarrollo de las audiencias preliminares un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Judicializado presunto responsable de la muerte de una menor en Putumayo.
Esta información se publica por razones de interés general.
WAGG/LMFO/CFG/HS/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
