Los señalados agresores fueron judicializados por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento en concurso homogéneo sucesivo agravado.
Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juzgado de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los tres presuntos responsables del abuso sexual de un menor de edad que permanecía en un hogar de paso de Valledupar (Cesar).
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) imputó a los procesados los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento en concurso homogéneo sucesivo agravado.
Los investigados son: Rosa Virginia Laguna, su esposo Rober Emilio Fernández Tovar; y el hermano de este, Lenín José Fernández Tovar, quienes son representante legal, director y coordinador, respectivamente, de una fundación que tenía convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para brindar protección y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
De acuerdo con los elementos de prueba, estas personas habrían obligado a la víctima a presenciar sus relaciones sexuales. Posteriormente, al parecer, abusaron sexualmente de ella y la sometieron a actos indecorosos, con el supuesto de que se trataba de un juego.
Abundante evidencia y testimonios, así como el trabajo articulado con el ICBF, permitieron conocer los hechos y tener claridad sobre los presuntos agresores, quienes fueron capturados por funcionarios del CTI en las instalaciones del lugar de paso, en Valledupar.
EDH/AAPF/FAGH/JARG.
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
Esta información se publica por razones de interés general.
