Jenihffer Andrea Córdoba García estaría implicada en la distribución mensual de más de 400 millones de pesos entre los integrantes de un grupo armado ilegal responsable de múltiples conductas criminales en Antioquia.
La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la articulación de capacidades con la Policía Nacional pusieron en evidencia a Jenihffer Andrea Córdoba, alias La Secretaría, quien sería la encargada de pagar la nómina y coordinar los aspectos logísticos para la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del ‘Clan del Golfo’.
La mujer fue capturada en un procedimiento realizado en el barrio Castilla, en Medellín (Antioquia).
El material de prueba indica que esta persona, al parecer, distribuía mensualmente más de 400 millones de pesos entre los integrantes del grupo armado ilegal, al que se le atribuyen varios hechos delictivos ocurridos en Segovia, Remedios, Maceo, San Roque, Vegachí, Yolombó, Cisneros, Providencia, Puerto Berrio y Yondó (Antioquia).
Asimismo, ‘La Secretaria’ es señalada de llevar un control de las actividades encomendadas a cada uno de los hombres vinculados la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, y rendir informes a los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ sobre la asignación y gasto del armamento y la munición.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contras la Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. El cargo no fue aceptado por la investigada, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/YBR/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
