Los uniformados estaban adscritos a la estación de policía de la localidad de Ciudad Bolívar.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a siete integrantes de la Policía Nacional, que estarían involucrados en distintas actuaciones ilegales para favorecer a personas capturadas por vender y distribuir estupefacientes al menudeo en el sur de Bogotá.
Se trata del subintendente José Misse Archila; y los patrulleros Miguel Andrés Díaz Díaz, Manuel Velilla Daza, Jonathan Díaz Avila, Cristian Calvo Prieto, Julián Abogado Sáenz y Cristian Quintero Millán.
Los elementos de prueba dan cuenta de que los funcionarios, adscritos a la estación de policía de la localidad de Ciudad Bolívar, presuntamente exigían diversas sumas de dinero para dejar en libertad y no poner a disposición de la Fiscalía a los traficantes de estupefacientes de los barrios Compartir y Lucero.
Adicionalmente, se estableció que en algunas oportunidades habrían realizado procedimientos irregulares para apoderase de sustancias ilícitas, armas y otros elementos que les representaran ganancias económicas.
Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los uniformados, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de cohecho propio; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico de influencias de servidor público; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; privación ilegal de la libertad; abuso de la función pública; concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
La Fiscalía habla con resultados.
FAGH/JARG/WO/LM/SB/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
