El procesado, al parecer, pertenece a la organización delincuencial Los Caparros y estaría implicado en el secuestro de varios ciudadanos en la capital del país
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Andy Paúl Cuero Torres señalado de, al parecer, haber secuestrado a un ciudadano español y uno colombiano, el pasado 9 de enero. Por la liberación de estas personas se habría exigido 60 millones de pesos.
En la audiencia concentrada se conoció que las dos víctimas fueron llevadas con engaños a la Plaza de la Mariposa ubicada en el centro de la ciudad y fueron subidos a un vehículo de servicio público donde les indicaron que estaban siendo secuestrados.
Los dos hombres fueron llevados hasta la localidad de Usme e ingresados a unas viviendas de invasión donde los retuvieron en contra de su voluntad por cuatro días.
En la investigación también se pudo establecer que el procesado, junto con otras personas, presuntamente comenzó a exigir elevadas sumas de dinero y para presionar el pago enviaban videos de otras posibles víctimas a quienes sometían a torturas.
Los seguimientos de los integrantes del Gaula de la Policía de Bogotá fueron fundamentales para lograr que los secuestrados quedaran en libertad. Las dos víctimas llegaron a la estación de policía donde reconocieron a su captor.
Cuero Torres no aceptó los cargos de secuestro extorsivo y hurto calificado que le imputó la Fiscalía General de la Nación.
Por determinación del juez el investigado deberá seguir el proceso judicial en su contra desde un centro de reclusión.
La Fiscalía habla con resultados.
FAGH/MG/JMM/LMV/SB/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
