Luego de que se conociera la ocurrencia de una posible violencia sexual por parte del padre de tres menores de edad, un Fiscal de la seccional Guainía Vaupés logró que un juez con función de control de garantías del municipio de Barrancominas (Guainía), legalizara su captura e impusiera medida privativa de su libertad en centro carcelario en contra del procesado. 

El hombre aparece de espalda a la cámara y está custodiado por miembros del ejército, policía nacional y armada nacional.
El capturado al parecer abusaba de sus tres hijos de 1-6 y 8 años, fue cobijado con medida carcelaria.

El caso se dio a conocer por parte del colegio donde estudia una de las víctimas, gracias al análisis de los comportamientos de los estudiantes; la psicóloga de la institución se percató de que algo no estaba bien con la menor y fue allí donde se inició todo el proceso y se activó la ruta de atención víctimas de agresión sexual. 

Según las investigaciones, al parecer, este hombre abusaba a sus tres menores hijos de 1, 6 y 8 años desde el 2019 en el Vichada, y hasta marzo del presente año en una población conocida como Barrancominas ubicada en el departamento del Guainía, donde fue capturado. 

El Fiscal le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó, no obstante ante la solicitud del ente acusador de enviarlo a la cárcel, el juez acogió todas las pretensiones del Fiscal del caso.   

Esta información se publica por razones de interés general.   

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

LAZL/FAGH/LFRR/DSGV/ 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.