Un fiscal de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidios de la Seccional Atlántico judicializó a un joven de 25 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su pareja, una menor de 15 años.

El joven de 25 años le habría disparado en el rostro a su pareja sentimental, una adolescente de 15 años a la que además habría maltratado durante los 7 meses de relación.

Los hechos acaecieron en Malambo (Atlántico) el pasado 9 de enero en horas de la tarde, cuando el investigado le habría disparado a la víctima en el rostro. La menor fue trasladada a una clínica de la ciudad, pero falleció por la gravedad del impacto.  

Las labores investigativas indicarían que durante los 7 meses de relación que sostuvieron la víctima y el supuesto victimario, este al parecer la sometió a violencia verbal, física y psicológica; además, según testigos, la amenazaba constantemente.   

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la captura del indiciado el pasado 22 de enero, luego de que este se presentara de forma voluntaria en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla. 

En desarrollo de las audiencias de rigor el ente acusador le endilgó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, a los cuales no se allanó el investigado.   

Ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramuros al joven, por lo que fue trasladado a la cárcel distrital de la capital atlanticense.  

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.      

SKCR/DLBM/AMCC

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.