Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo, durante un hurto registrado en el barrio Laureles.
Ante la contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Steven Cuervo Olarte, uno de los presuntos implicados en el homicidio del subintendente de la Policía Nacional Juan Esteban Cortés Pérez, ocurrido el pasado 1 de mayo, en el barrio Laureles de Medellín (Antioquia).
Este hombre, al parecer, hizo parte del grupo armado que ingresó a la vivienda de un ingeniero, y lo despojó de 17millones de pesos en efectivo y varias joyas.
Dos integrantes de la policía de vigilancia llegaron al sitio para atender la situación y fueron atacados con armas de fuego por los señalados delincuentes, que vestían prendas de uso exclusivo de la policía judicial. En medio de un intercambio de disparos, uno de los uniformados falleció y dos de los asaltantes quedaron heridos, uno de ellos murió horas después en un centro asistencial.
Videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba obtenidos indican que Cuervo Olarte, de 27 años, habría participado en el robo y la posterior huida de algunos de los presuntos responsables.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal; y fabricación, tráfico, porte de armas ymuniciones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
NAMT/MAGA/RS/DSM/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
