Tras avalar los elementos materiales de pruebas que aportó un fiscal de la Seccional San Andrés Isla, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra Luis Eduardo Palomino Mesa, presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego.

Los hechos investigados se registraron en la madrugada del pasado 14 de marzo en el sector de Lox Bight del archipiélago, donde el hoy procesado, junto con otra persona, solicitó un servicio de transporte a un mototaxista, pero al llegar al destino solicitado se habrían apoderado de la motocicleta y de las pertenencias de su conductor.

Labores de policía judicial permitieron establecer que el atraco se produjo mediante amenaza con arma de fuego y que la víctima fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional que se encontraban cerca del lugar.

En medio de la persecución que realizó la Fuerza Pública contra el presunto delincuente se presentó un intercambio de disparos en el que resulto herido uno de los uniformados.

Momentos más tarde, y con el apoyo de otras patrullas, se logró capturar a Palomino Mesa, de 21 años, quien conducía la moto presuntamente hurtada. La otra persona huyó.

En el desarrollo de las audiencias preliminares el hoy implicado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y su reclusión se llevará a cabo en la Cárcel Nueva Esperanza de San Andrés.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados 

MEVA/CFG/ TAM/DSSPS

Le puede interesar: La Fiscalía judicializó a cuatro personas, que al parecer, portaban armas de fuego La Guajira

A la cárcel presunto implicado en el hurto y posterior homicidio de un adulto mayor en Quindío

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.