Los hechos ocurrieron en Nariño. Producto de la intermediación de la estructura ilegal, la víctima fue torturada y obligada a abandonar la zona en la que vivía.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un hombre que habría buscado solución a un supuesto problema familiar acudiendo a la intermediación de grupo un criminal que tenía injerencia en el suroccidente del país.
Los hechos investigados ocurrieron en octubre de 2007, en la vereda El Rincón, en El Rosario (Nariño). El hoy procesado, al parecer, culpó a un primo de haber golpeado a su hija algo que su familiar nunca reconoció.
Ante esta negativa, el padre de la joven contactó a alias Raúl, el cabecilla de una estructura ilegal y le solicitó intervenir. De esta manera, varios integrantes del grupo armado, presuntamente, lo acompañaron a retener al posible responsable de la agresión, quien fue amordazado y trasladado a un sector conocido como El Matadero. En este punto, el hombre fue intimidado con fusiles, golpeado y lanzado a un abismo, generándole fracturas en piernas y manos.
Posteriormente, le impusieron una cuota de dinero y le dieron un plazo para que admitiera haber golpeado a la hija de su primo. La víctima nunca aceptó ese señalamiento, y tuvo que abandonar la región en compañía de la familia.
En ese sentido, la persona que buscó apoyó ilícito de la organización criminal fue capturada en Popayán (Cauca). Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de tortura y desplazamiento forzado.
El procesado recibió media de aseguramiento en centro carcelario.
JARG/DJR/DEVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
