El señalado agresor, al parecer, atacó con un objeto contundente a la víctima porque le cobró insistentemente el arriendo.
Ante el abundante material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Álvaro Steven Rojas Cubillos como presunto responsable del homicidio de Flaminio Forigua Linares, un conductor del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP).
El pasado 7 de mayo, personal de policía judicial acudió a una casa que pertenecía a la víctima, ubicada en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, para intentar ubicar al transportador que completaba tres días desaparecido.
Un olor fuerte que impregnaba el inmueble obligó a los uniformados a realizar una inspección exhaustiva. Durante el recorrido encontraron sepultado el cuerpo del conductor, por lo que capturaron a Rojas Cubillos, quien ocupaba el lugar y lo había tomado en arriendo.
Las actividades investigativas dirigidas por un fiscal de la Seccional Bogotá y los resultados de los estudios realizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenciaron que el señor Forigua Linares murió de varios golpes que recibió en la cabeza y la espalda con un objeto contundente.
Al parecer, el hoy procesado lo atacó porque le habría cobrado con insistencia varias cuotas atrasadas por el alquiler de la vivienda. Posteriormente, intentó ocultar el cuerpo sepultándolo en el patio.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Álvaro Steven Rojas Cubillos el delito de homicidio agravado. El cargo no fue aceptado.
La Fiscalía habla con resultados.
FAGH/JARG/MCC/JMM/SB/MCR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
