La más reciente agresión se habría registrado el pasado 2 de abril, cuando el hombre, intentó asfixiarla en momentos que se encontraba durmiendo en una hamaca.
Por petición de un fiscal de la Seccional Cesar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sergio Manel Cabarcas Contreras, presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
De acuerdo con la denuncia instaurada por la pareja sentimental del hoy procesado, al parecer, era agredida física, psicológicamente y verbalmente desde hace por lo menos cuatro años.
Agregó que el 31 de diciembre del 2022, cuando se encontraban en la finca Los Corazones zona rural de Valledupar (Cesar), en medio de una discusión se presume que Cabarcas Contreras, golpeó a la víctima en diferentes partes del cuerpo, quien logró salir del lugar tras ser auxiliada por varios vecinos.
Asegura la mujer, que, en varias ocasiones, el agresor, arrojaba su comida a los animales domésticos que tenían, bajo el argumento que no la merecía.
La más reciente agresión se habría registrado el pasado 2 de abril, cuando el hombre, intentó asfixiarla en momentos que se encontraba durmiendo en una hamaca, y le habría asegurado que “si no era para él, no era para nadie”.
De igual forma se conoció, que en la misma fecha el hoy imputado utilizando un arma de fuego habría llegado donde una familiar de la víctima asegurando que acabaría con su vida.
La captura del implicado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional el pasado 20 de abril en sector de la capital del Cesar.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/AGG/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
