Durante la audiencia pública, Harold Andrei Echeverry Orozco pidió perdón a la familia de la víctima y al país.
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Harold Andrei Echeverry Orozco, de 40 años de edad, investigado por el feminicidio de una menor de 15 años, ocurrido el pasado 7 de diciembre en el barrio San Judas de Cali (Valle).
En un trabajo articulado entre fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial y un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali, con el apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, Mecal, el hombre fue capturado con orden judicial el pasado 11 de diciembre cuando se movilizaba en una motocicleta por vía pública de Villavicencio (Meta).
Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados dan cuenta que el implicado, durante su turno de vigilancia en un taller automotriz, ubicado en el barrio San Judas, abordó a la menor, la incomunicó y luego la atacó. Posteriormente le causó la muerte, desmembró su cuerpo y lo ocultó en bolsas plásticas.
Una vez cometido el ilícito, Echeverry Orozco habría hurtado una motocicleta que se encontraba en el taller para huir del lugar.
El fiscal del caso imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado y agravado.
Durante la audiencia pública, Harold Andrei Echeverry Orozco aceptó los cargos y pidió perdón a la familia de la víctima y al país. Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso al investigado medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/LYBT/SEGM/LFOG/DSC/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
