Alias ‘El Indio Miguel’ fue imputado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.
Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Miguel Quichoya Guzmán, alias El Indio Miguel, señalado cabecilla de los autodenominados ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc.
Este hombre habría participado en los homicidios de, al menos, cuatro líderes sociales de Puerto Caicedo (Putumayo), en 2023.
El primer hecho que se le atribuye es el crimen de los representantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Jerusalén, Diego Jair Orbes y Luis Fernando Malpud, perpetrado el 20 de marzo del 2023.
Asimismo, estaría involucrado en el asesinato de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rosa de Juanambú, Yamily Bernal García, ocurrido el 23 de octubre de 2023. La mujer fue atacada por cuatro hombres armados en un establecimiento de comercio en Villagarzón (Putumayo).
Por último, está el homicidio del líder social y presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda El Coqueto, Daniel Andrés Rivas Prieto, sucedido el 13 de noviembre del 2023. De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una motocicleta de regreso a su vivienda y fue interceptada por integrantes de los ‘Comandos de Frontera’, que le dispararon indiscriminadamente.
Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir.
Esta información se publica por razones de interés.
AMCJ/JARG/MRC/AAB/UEI/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
