• Según la investigación la víctima habría sido citada con engaños y durante una supuesta discusión, el ex compañero sentimental le propinó, al parecer, 19 heridas con arma cortopunzante.

  • Un amigo del presunto agresor también fue capturado y judicializado por ser quien, presuntamente, llevó a la víctima hasta donde fue citada.

La Fiscalía General de la Nación logró que dos jueces de garantías cobijaran con medida de aseguramiento privativa de la libertad a Angelo Eduardo Mejías Mendoza y a Jim Alder Joyas Rodríguez, señalados como presuntos responsables del feminicidio de una mujer.

Según la investigación los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, en Cali (Valle del Cauca), en un parque del barrio Valle Grande, hasta donde la víctima, de 18 años de edad, fue citada, al parecer, con engaños. En el sitio se habría presentado su excompañero sentimental, Angelo Eduardo Mejías Mendoza, quien, presuntamente, en medio de una discusión le propinó 19 puñaladas con arma cortopunzante, causándole la muerte.

De acuerdo con las labores de policía judicial, Jim Alder Joyas Rodríguez, al parecer, amigo de Mejías Mendoza, fue quien habría llevado a la mujer hasta el lugar donde, posteriormente, fue atacada.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron, con orden judicial, a Joyas Rodríguez en Cali, el pasado 12 de mayo,  y a Mejía Mendoza, el 21 de mayo en Bogotá; la Fiscalía les imputó cargos por el delito de feminicidio agravado. Cargos a los que no se allanaron. Ambos imputados de nacionalidad venezolana.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

MAP/SEGM/DSC/FAGH

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.