Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jaiber Stiven Ramírez Sandoval y Alfonso Duarte Durán, presuntos responsables de exigir dinero mediante intimidaciones a ganaderos, comerciantes y agricultores en Casanare.

Los capturados aparecen con sus caras agachadas y custodiados por servidores del CTI de la Fiscalía y Gaula Ejército. En una mesa delante de ellos, están los celulares y el dinero incautado durante la captura.
Jaiber Stiven Ramírez Sandoval y Alfonso Duarte Durán, deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el delito de extorsión, fueron enviados a la cárcel por solicitud del ente acusador.

Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó el delito de extorsión. Los procesados no aceptaron el cargo.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a Ramírez Sandoval y Duarte Durán en la vereda Muese de Paz de Ariporo (Casanare), mientras recibían 20 millones de pesos producto de una extorsión.

De acuerdo con la investigación, los hechos sucedieron en zona rural de Paz de Ariporo, donde las víctimas empezaron a recibir llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales intimidantes, en los que les exigía el pago de sumas que oscilaban entre los 150 y 200 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su familia o trabajadores.

En el procedimiento de captura, fueron incautados dos celulares y una motocicleta.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.