En la misma investigación fueron judicializados dos menores de edad, que estarían involucrados en dichos hurtos.

La petición de un fiscal de la Seccional San Andrés fue acogida por un juez de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Ameth Grau Badavid de 18 años, y Jhosuard Daniel Madariaga Castilla, de 21.

Los dos hombres fueron imputados, de acuerdo con su eventual responsabilidad, con delitos de hurto calificado agravado, receptación, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso personal. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.

Las dos personas fueron capturadas en flagrancia por la Policía Nacional el pasado 6 de noviembre en el barrio La Paz del archipiélago. En su poder se encontraron dos celulares, un televisor y 3’500.000 que habrían hurtado momentos antes en una vivienda y en un establecimiento de comercio.

También les fue incautado un revolver, munición de uso privativo de la Fuerza Pública y tres computadores que, al parecer, habían sido denunciados como hurtados unos días antes.

La detención de Grau Badavid y Madariaga Castilla se cumplirá en la cárcel Nueva Esperanza de la isla.

Por estos mismos hechos fueron también judicializados dos adolescentes de 16 y 17 años, a quienes les imputaron los delitos de hurto calificado agravado y receptación. Los menores cumplirán medidas de internamiento preventivo en centros transitorios de la isla.

 

 

 

 

 

MEVA/MAGA/EM/TAM/DSSPS

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.