La Fiscalía en Norte de Santander logró que jueces con función de control de garantías impusieran medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de dos hombres, dedicados, al parecer, al hurto de dinero y motocicletas en área urbana de Cúcuta.
De acuerdo con las investigaciones el primer caso ocurrió el pasado 12 de abril, cuando un hombre tomó un taxi de servicio público hacía un cajero de una entidad bancaria. Durante el recorrido el procesado identificado como Johan Manuel Quintero Leal, conductor del vehículo, al parecer, lo rocía con un aerosol y el pasajero queda en estado de indefensión. Luego, se presume que Quintero Leal en compañía de otro hombre obliga a la víctima a realizar varias transacciones electrónicas, avaluadas en $11.230.000, con su tarjeta de crédito.
En audiencias preliminares el procesado no acepto su responsabilidad en el delito de hurto por medios informáticos y semejantes en concurso con violación de datos personales y por determinación del juez se le otorgó la detención domiciliaria.
Por otra parte, servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional capturaron este 8 de agosto a Deyker Humberto Sánchez Uscátegui, en vía pública del barrio Palmeras de esta ciudad.
Se evidenció que para el pasado 3 de marzo Sánchez Uscátegui en complicidad con otro hombre llegaron hasta un establecimiento comercial y con arma de fuego habrían intimidado a dos personas, a quienes al parecer les hurtan sus teléfonos celulares y una motocicleta.
Luego del traslado de escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado, el procesado fue afectado con detención intramuros.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/MG/JAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
