En una ofensiva contra el hurto en la isla de San Andrés, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres que, en procesos distintos, estarían implicados en dicho delito.

En una primera investigación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra Marlon Gómez Romero y Gemark Barker Brant quienes, al parecer, intimidaron con armas de fuego y cortopunzante a los dueños de una casa de cambio. Durante el hecho se apropiaron de 33 millones de pesos, 4.100 doláres, una billetera, una cadena de oro y tarjetas de créditos. Los hechos se registraron el 26 de mayo de 2024 en un centro comercial del archipiélago.

La captura de los procesados estuvo a cargo de la Policía Nacional y se materializó en el barrio El Cliff. Un tercer involucrado, que se encuentra privado de la libertad por otro proceso también será citado a imputación.

En otro caso también fueron asegurados con medida intramural, Luis Fernández Castilla y Blahider José Rodríguez Valencia, capturados en flagrancia en inmediaciones del estadio de fútbol Erwin O’Neill de San Andrés.

De acuerdo con la investigación, el 16 de julio de 2024 los hoy procesados habrían ingresado a una residencia y a un establecimiento comercial en la Avenida 20 de Julio donde se cree sustrajeron enseres.

La Fiscalía les imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Ninguno aceptó los cargos.

 

 

 

 

MEVA/LMFO/MAGA/AA/TAM/DSSPS

 

 

 

 

 La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.