Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) logró que jueces de control de garantías dictaran medida de aseguramiento intramural contra cuatro hombres que, de manera independiente, incurrieron en varios hurtos a personas. Los hechos eran cometidos en vías públicas de Cartagena.
La primera decisión judicial cobija a Carlos Augusto Rivas Romero y a César Augusto Pérez Ochoa quienes le habrían hurtado el celular a una mujer de 33 años, luego huyeron en moto. Los hechos sucedieron en el barrio La Esperanza el pasado 3 de septiembre. Los dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional.
En otra acción, el ente acusador judicializó a Loris Díaz Guerrero, presuntamente implicado en hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre. Al parecer, el procesado despojó a una joven de 21 años de su bolso. La víctima avisó a la Policía y esta logró detener y recuperar un celular, dinero en efectivo y documentos personales.
Finalmente, Exduin Josué Ratia Vargas fue asegurado por, presuntamente hurtar las pertenencias a un hombre que se movilizaba en su automóvil por el barrio El Cabrero. Los hechos se presentaron el pasado 24 de septiembre. Las alertas de la comunidad permitieron que la Policía Nacional capturara al procesado en el barrio Chambacú.
La Fiscalía imputó a los procesados el delito de hurto calificado agravado. Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MEVA/MAVA/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
