La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Diego Garavito Canchila, Alexander José Rosales Perdomo, Juan Fernando Gómez Sánchez y Andrey Fabián Sánchez Vanegas. señalados como presuntos responsables de exigir una alta suma de dinero como pago de una falsa deuda a un habitante del municipio de Bello (Antioquia).
Según la denuncia instaurada por la víctima, el 16 de diciembre de 2022, llegaron a su lugar de residencia, en el barrio Cabañas de Bello (Antioquia), 3 sujetos que se identificaron como integrantes del grupo criminal ´Los Chatas´ y le indicaron que les debía dinero por la venta de un automóvil. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo citaron a una reunión para aclarar la situación.
El 19 de diciembre de 2022 se reunieron con la víctima y le exigieron 50 millones de pesos, manifestándole que tenían toda la información personal y familiar y que debía pagar dicha suma.
Los presuntos integrantes de la banda criminal le exigieron que primero tenía que entregar el 23 de diciembre del 2022, 32 millones de pesos pero la víctima les aseguró que solo podía conseguir 20 millones para el día 28 de ese mismo mes; monto que fue aceptado por los presuntos victimarios.
A la hora de la recibir el dinero pactado en el sitio señalado funcionarios del CTI adscritos al Gaula militar, con el apoyo del Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a los 4 procesados en flagrancia cuando se disponían a recibir un sobre con el dinero exigido.
Los capturados no aceptaron los cargos imputados por el delito de tentativa de extorsión agravada.
La Fiscalía habla con resultados
NAMT/ALLAN ALBERT ROJAS/DSMedellín/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
