Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal municipal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de 10 personas señaladas de haber incurrido en los delitos de secuestro, tortura e invasión de tierras, en la zona rural del municipio de San Antonio (Cauca).
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 4 de marzo de 2014, en una finca de la vereda La Esperanza, jurisdicción del municipio en mención, donde de manera violenta habrían ingresado varios sujetos que retuvieron a cuatro personas e invadieron sus predios.
En el proceso se determinó que esta finca fue comprada por 10 familias campesinas, desplazadas de varios municipios del Cauca, que fueron subsidiadas por el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) para la adquisición de tierras, luego de presentar un proyecto mediante convocatoria.
Igualmente se determinó que las familias beneficiarias no pudieron tomar posesión del predio porque un grupo de 40 personas, aproximadamente, invadieron el terreno con actos de vandalismo e impidieron el ingreso.
Posterior a la incursión de marzo de 2014, tres de las víctimas regresaron en septiembre de 2015 para dar un vistazo al predio, sin embargo fueron nuevamente agredidas verbal y físicamente, atadas y torturadas hasta ser entregadas horas después a una comisión de la Defensoría del Pueblo.
Luego de siete meses de trabajo investigativo y en un operativo conjunto entre miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, se hicieron efectivas las capturas de 10 de los presuntos responsables.
Los procesados no aceptaron cargos y deben cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel San Isidro de Popayán (Cauca).
MAP/DLBM
