De otra parte, la Fiscalía judicializó a un adulto mayor que habría tocado las partes íntimas de una alumna causándole daños físicos y lesiones.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a Luis Germán Velasco Ángel para cumplir una condena a 11 años 7 meses de prisión por abusar sexualmente de una menor, en zona rural del municipio de Páez (Cauca).
La detención se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre en vía pública, y en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez promiscuo de Silvia (Cauca), por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
La Fiscalía demostró que Velasco Ángel, de 60 años, aprovechó su condición de docente para realizar actos sexuales con una menor de 10 años. Los hechos ocurrieron en julio de 2019 en la vereda Buenos Aires – San Luis, del resguardo de Coheteando, en Páez (Cauca).
Un juez de control de garantías avaló la captura de García Montero y ordenó su traslado a centro penitenciario para que cumpla la sentencia condenatoria.
Judicializado abuelastro
En otra investigación, fue judicializado un abuelastro, señalado de agredir sexualmente de una menor de 6 años, en Popayán (Cauca). La Fiscalía imputó al procesado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Los hechos ocurrieron entre el 18 y 31 de agosto pasados, cuando el hoy imputado, al parecer, aprovechó su condición y cercanía con la víctima para cometer el ilícito, provocándole graves lesiones en sus partes íntimas.
Por decisión de un juez de control de garantías el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
