Al parecer, los capturados se enfrentaron con armas de fuego al ejército, uno de ellos resultó muerto durante el operativo.
Gracias a la investigación adelantada por la fiscalía seccional de Yopal en Casanare, que recibió varias denuncias por parte de las víctimas sobre presuntas extorsiones que se venían presentando desde el pasado 7 de enero, el ente acusador con interceptaciones y seguimientos, y apoyo del ejército se logró la captura de Édinson Geovanny Beltrán Tovar, Luis Alberto Moreno Correa, José Iván Espis Colmenares, Ángel Blanco Barrios y Ómar Antonio Ataque Anguilar, quienes se hacían pasar por integrantes de GAOR “clan del golfo”.

El operativo que permitió la captura de estos cinco hombres, se presentó en zona rural del municipio de Hato Corozal Casanare, donde fueron ubicados en la vereda La Reserva.
La información reportada por el Gaula CTI Casanare a las unidades del ejército, fue clave para lograr llegar hasta el punto indicado donde se presentaron combates, y, producto de los mismos, uno de los presuntos delincuentes falleció en el lugar.
Los operativos permitieron a las tropas incautarse de un importante arsenal compuesto por 16 armas de fuego entre revólveres, pistolas y una escopeta, 257 cartuchos de diferentes calibres para arma de fuego, seis celulares, seis radios tipo dos metros, así como tres motocicletas, una camioneta y ropa de uso privativo.
Mientras que la Fiscalía imputó a los capturados por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y/o municiones, cargos que no aceptaron, el juez promiscuo municipal de hato Corozal, aceptó la solicitud del ente acusador y legalizó su captura, las diligencias de incautaciones y determinó su detención en la cárcel La Guafilla de Yopal.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.