Ante un juez de control de garantías, un fiscal seccional de Sincelejo judicializó a Yan Carlos Jaraba Márquez, alías Yanki o Borrador, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado tentado y fabricación, tráfico o porte de tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Yan Carlos Jaraba Márquez fue asegurado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación y porte de armas

La investigación se relaciona con los hechos ocurridos el pasado 11 de septiembre en vía pública del barrio Tierra Grata de Sincelejo (Sucre). Allí, el procesado, aparentemente armado y en medio de una riña con otro hombre, hirió de gravedad a un menor de 7 años.

Cuando la abuela del niño salió a hacerle reclamo a alias Yanki, se presume que este le disparó en la cabeza a la mujer y le causó la muerte.

Asimismo, se estableció que el indiciado al parecer era integrante del ‘Clan del Golfo’, subestructura Manuel José Gaitán, con injerencia en Sincelejo y en el municipio de Corozal (Sucre).

El procesado, quien aparecía en el cartel de los más buscados por la Policía Nacional en ese departamento, fue capturado el pasado 27 de octubre en el barrio Cielo Azul de esa ciudad.

Durante las audiencias concentradas, el hombre de 27 años, no aceptó los cargos imputados por el ente acusador. Por su parte el juez de control de garantías dictó medida privativa de la libertad en la cárcel La Vega de esa ciudad.

La Fiscalía hace pública la información por considerarla de interés general.

MEVA/MG/MC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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