Jairo José Samper Rojas, mientras desempeñó un cargo administrativo en el Hospital Materno Infantil de Soledad, habría facilitado la desviación de los dineros públicos del centro asistencial a las estructuras paramilitares que delinquían en la región.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedó el concejal de Soledad (Atlántico), Jairo José Samper Rojas, quien fue capturado en inmediaciones del cabildo municipal para que responda en un proceso que se sigue en su contra como presunto responsable del delito de concierto para delinquir agravado.
La diligencia se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), resolvió la situación jurídica del funcionario y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
De acuerdo con los elementos de prueba, Samper Rojas, mientras desempeñó un cargo administrativo en el Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico) entre 2003 y 2006, habría servido de enlace del entonces Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para garantizar que le fueran entregados los contratos relacionados con el suministro de insumos médicos y otros productos necesarios para el funcionamiento del centro asistencial.
La investigación es producto de una compulsa de copias hecha por la honorable Corte Suprema de Justicia, como parte de un proceso relacionado con posibles nexos de servidores públicos con estructuras paramilitares en Atlántico.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/RRA/DECOC/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
