Tres presuntos miembros de la banda Los Jurídicos, que se dedicaban a estafar personas vendiendo inmuebles en aparentes listas de remates, fueron capturados y judicializados por la Fiscalía.
Las detenciones ocurrieron por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Infantería de Marina. Dos de ellos fueron retenidos en Sincelejo (Sucre) y el tercero, Erwin Lamadrid Méndez, la noche del pasado lunes 25 de mayo en el centro de Montería (Córdoba), para que responda por el delito de estafa a 11 personas.
A Maira Elena Torres Puentes y Agustín José Escobar Torres, a quienes capturaron el domingo pasado, un juez de control de garantías los dejó en libertad, luego de que hicieron un preacuerdo con la Fiscalía. Los dos siguen vinculados al proceso.
Según las investigaciones, al parecer mediante la Cooperativa Casa Jurídica Colombiana S.A.S, representada legalmente por Lamadrid Méndez, ofrecían una lista de inmuebles a precios atractivos, los cuales supuestamente estaban en remate, y ubicados en sectores de estrato medio de Sincelejo.
Lo que hacía esta banda era fotografiar cualquier vivienda y a veces corrieron con tanta suerte que cuando iban con las víctimas a mostrar el inmueble, los que habitaban la casa eran inquilinos y la mostraban sin problema.
Los detenidos cumplían diferentes roles dentro de la organización. Escobar Torres, de 40 años, quien se hacía pasar por abogado y considerado socio primario, se encargaba de reclutar los clientes y mostrar los inmuebles en físico o en fotografías.
Torres Puente, de 61 años, también reclutaba y mostraba viviendas, pero en una labor de campo en la que promocionaba con una campaña voz a voz, para así llegar a más gente.
Las funciones de Lamadrid consistían en ganarse la confianza de la gente explicándoles las bondades de un excelente negocio que les permitiría tener casa propia a precios muy por debajo de los ofrecidos en el mercado inmobiliario.
Luego de que la víctima escogiera la vivienda que le interesaba, le pedían al pagar el 60% del valor total del inmueble, además firmaban un contrato por servicios judiciales prestados. En este mismo documento se comprometían a establecer un plazo para la entrega del bien, el cual generalmente era a corto plazo.
De esta manera, Los clientes firmaban un poder, pero no verificaron en los juzgados el proceso de la compra, por lo que Lamadrid tenía más oportunidad para captar el dinero de sus víctimas y ofrecer el mismo inmueble a varias personas.
Para sostener el engaño falsificaban algunos documentos con el fin de demostrar la tramitología que estaban haciendo para la venta. Finalmente la sorpresa para las víctimas fue que Los Jurídicos ofrecían viviendas que no estaban en procesos de remates en ninguna financiera.
JLH / AAEA
