El trabajo articulado del CTI y la Policía Nacional permitió avanzar con rapidez en el esclarecimiento del acto violento ocurrido el pasado 3 de noviembre.

Por solicitud de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cartagena, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Jair Barrios Hernández, alias Yao; y a Jesús Leonardo Domínguez Castro, alias El Pechiche, como presuntos responsables del homicidio de un comerciante y una menor de edad.

El pasado 3 de noviembre, los hoy procesados se habrían movilizado en motocicleta al barrio Providencia y uno de ellos disparó en varias oportunidades contra el hombre que acababa de recoger a sus tres hijas en el colegio. El padre murió en el lugar de los hechos, mientras que una de las niñas, de 11 años, fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

El trabajo articulado del CTI y unidades de la Policía Nacional permitieron obtener abundante evidencia y material de prueba para identificar en cinco días a los señalados agresores, quienes fueron capturados en diligencias realizadas en Cartagena. En la investigación se estableció que alias Yao, al parecer, iba de parrillero en la motocicleta y fue el encargado de accionar el arma de fuego; mientras que alias El Pechiche sería el conductor de vehículo.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Los cargos no fueron aceptados.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

MEVA/MAGA/JARG/MC/DSB/MRC/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.