Cincuenta personas fueron capturadas por la Fiscalía General de la Nación en una operación destinada a contrarrestar las extorsiones que desde la cárcel de Picaleña (Tolima) realizaba una banda delincuencial que cubría con su accionar el 75 por ciento de los departamentos del país.
Estas detenciones hacen parte de un total de 66 personas sobre las cuales la Fiscalía solicitó ordenes de captura a los jueces de la República. El mecanismo empleado por este grupo delictivo consistía en hacer inteligencia para conocer a las personas y luego de conocer perfectamente a sus víctimas llamaban desde el interior del penal ibaguereño haciéndose pasar por autoridades policiales o de justicia.
Los casos por estas acción delictiva ocurrieron en Antioquia, 22 denuncias; Arauca una denuncia; Atlántico, dos denuncias; Bogotá, 28 denuncias; Bolívar, 2 denuncias; Boyacá, 8 denuncias; Caldas, 6 denuncias; Caquetá, una denuncia; Casanare, 2 denuncias; Cauca, 5 denuncias; Cesar, 5 denuncias; Córdoba, 4 denuncias; Cundinamarca, 6 denuncias; Huila, 7 denuncias; Magdalena, 3 denuncias; Meta, 11 denuncias; Nariño, 2 denuncias; Norte de Santander, 1 denuncia; Quindío, 2 denuncias; Sucre, 2 denuncias; Risaralda, 3 denuncias; Putumayo, 2 denuncias; Tolima 4 denuncias; Santander 12 denuncias, y Valle del Cauca, 7 denuncias.
El Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, informó que este resultado se presenta gracias al nuevo paradigma investigativo que el ente de control está desarrollando en el que se realizan asociaciones de casos y se prioriza el trabajo. Así, se llegó a este resultado, luego de 19 allanamientos explicó el funcionario.
Los delincuentes, durante la llamada se hacían pasar por un sobrino asegurando que estaba detenido y que requerían de un monto de dinero para no judicializarlos. Incluso, se supo el caso de una anciana que pagó 72 millones de pesos para que no fuera judicializada su pariente.
La actividad de estos delincuentes alcanzó un monto de 1520 millones de pesos. El dinero se movía a través de empresas correo y en las ciudades era reclamado por las personas capturadas.
La investigación de la Fiscalía permitió la judicialización de estas cincuenta personas por los delitos de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir.
Entre los casos por los cuales serán procesados se encuentran el secuestro del ecuatoriano Simón Adolfo Lucero Rosero, quien estuvo plagiado tres meses en Colombia y fue asesinado a pesar de que la familia pagó por su liberación. La retención ocurrió el 5 de julio de 2009 en Tulcán (Ecuador).
También se destaca el secuestro de los ganaderos Justo Germán Díaz, Luis Díaz Guerrero y Florentino Jurado Castillo y de un ciudadano identificado como Carlos Alberto Portilla, asesinado instantes después de su secuestro el 23 de junio del 2012 en el municipio de Contadero (Nariño).
Un tercer caso es la desaparición del patrullero de la Policía Nacional Jorge Andrés Boada Ramos, ocurrido el 4 de julio del 2009 en Ipiales (Nariño).
AAEA
