Con esta modalidad delictiva fueron desocupadas cuentas bancarias, comprados carros y otros bienes por más de 500 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, puso en evidencia a una red señalada de obtener duplicados de las tarjetas SIM de los usuarios de telefonía móvil para robarles información personal y financiera, y realizar transacciones y compras de bienes.
En diligencias realizadas en Turbaco (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico) fueron capturados cuatro de los señalados integrantes de la organización. Se trata de los hermanos Marcos Javier y Carlos Andrés Pérez Montero, Álvaro Enrique Bermúdez Jaraba y Jesús David Elles Pérez. Después fueron trasladados a Cali, para las respectivas audiencias.
Estos hombres serían los responsables de llamar a las empresas de telecomunicaciones haciéndose pasar como titulares de una determinada línea. Ante los agentes de servicio al cliente reportaban la pérdida o daño de la tarjeta SIM y solicitaban un duplicado. Con el nuevo dispositivo en su poder, al parecer, obtenían claves bancarias, contactos y otros datos de las víctimas que les permitían desocupar las cuentas y hacer movimientos de dinero de manera virtual.
De esta manera, presuntamente, se apropiaron de manera ilegal de, por lo menos, 512 millones de pesos mediante la compra de vehículos, retiros y giros a terceras personas.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó concierto para delinquir, violación de datos personales, transferencia no consentida de activos, falsedad en documento privado y hurto por medios informáticos agravado.
Los investigados no aceptaron cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMFO/JARG/OLPQ/DECDI/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
