Fueron asegurados con medida de detención domiciliaria Claudia Patricia Bohórquez y Lewis Caraballo Torres, exfuncionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.

La decisión fue proferida por un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar), quien acogió los argumentos de la Fiscalía 16 Seccional, en los que indicó que según sus investigaciones, existieron presuntas irregularidades en la adquisición de predios para la ampliación de la ruta del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe S.A.

Bohórquez y Caraballo eran los encargados de hacer los estudios de títulos y escrituras de los predios del trazado, los cuales eran públicos pero finalmente certificaron como privados sin el lleno de los requisitos.

El trabajo de Claudia Patricia Bohórquez, como jurídica de la Oficina de Instrumentos Públicos, al igual que el de Lewis Caraballo Torres, como calificador, les permitió inscribir diferentes escrituras públicas, mediante las cuales se hicieron aclaraciones de linderos y medidas que incrementaron injustificadamente sus áreas en considerables metros cuadrados, los cuales posteriormente le vendieron a Transcaribe y recayeron materialmente sobre espacio público.

Es así como violaron el Decreto ley 1250 de 1970, la instructiva 03 de 2007 (Superintendencia de Notariado y Registro) y la instructiva conjunta de 2010 (IGAC y Superintendencia de Notariado y Registro), pues la inscripción de aquellos documentos (escritura públicas de aclaración de linderos y medidas) no contenían protocolizadas las resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tal como lo dispone la normatividad antes citada; situación conocida por los imputados, ya que el estudio de esos documentos formaba parte de su labor.

Según lo indicó la Fiscalía, su responsabilidad recae en que debieron rechazar mediante una nota devolutiva y no inscribir las citadas resoluciones; pues precisamente esas conductas prevaricadoras, al conceptuar jurídicamente circunstancias contrarias a la normatividad respectiva, facilitaron que el gerente de Transcaribe con el visto bueno de su asesor jurídico, hoy con detención domiciliaria, le entregara  a particulares más de dos mil doscientos millones de pesos ($2 200 000 000), desfavoreciendo a Transcaribe.

Una tercera persona capturada, fue dejada en libertad pero continuará vinculada al proceso

 

PAAM/DLBM