La Fiscalía General de la Nación ha fortalecido estratégicamente su capacidad operativa e investigativa para atender cualquier denuncia que afecte el normal desarrollo de las jornadas electorales previstas para este 8 de marzo y 31 de mayo.
En ese sentido la Seccional San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas ha dispuesto dos fiscales que atenderán exclusivamente todo lo relacionado con delitos electorales ubicados en el Centro de Atención de Fiscalías (CAF), en la Carrera 16, calle 1 esquina barrio Sarie Bay con atención desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
A la par se encontrará disponible las 24 horas, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien coordinará los actos urgentes que se presenten por cualquier otro tipo de delito.
Entre tanto, en Providencia, fue destacada una fiscal especializada que atenderá solo investigaciones por irregularidades en la jornada electoral sumado al fiscal de turno permanente para la recepción de otras conductas punibles.
Es importante resaltar que la seccional también hará presencia y acompañamiento en los puestos de votación y para ello se designaron a otros 14 servidores, entre fiscales, asistentes e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
La entidad cuenta con otros canales de denuncias que son de acceso sencillo y gratuitos como la línea 122, que está disponible las 24 horas y que se puede marcar desde cualquier celular. Asimismo, en la página www.fiscalia.gov.co en el Botón de Denuncia Fácil.
En las islas de San Andrés y Providencia la Fiscalía está lista para respaldar los certámenes democráticos y reitera su compromiso en la investigación y judicialización de aquellos que no actúen con transparencia y legalidad.
MEVA/AMCJ/TAM/DSSPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
