Uno de los presuntos implicados fue, además, imputado por portar munición sin el permiso de Ley correspondiente.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis hombres presuntamente implicados en tráfico local de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, según cada caso particular. Los hechos ocurrieron en Buga, Cartago y Guacarí (Valle del Cauca).
Se trata de casos independientes entre sí. Seis de los capturados por la Policía Nacional lo fueron en flagrancia. Fiscales de la Seccional Valle del Cauca les imputaron de acuerdo al caso particular delitos como: tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Yeison Alejandro Castaño Chacua fue judicializado por la Fiscalía luego de que en su poder fueran, presuntamente, encontrados 489 gramos de marihuana y 8 cartuchos calibre 9 mm. Los hechos ocurrieron en zona urbana de Cartago, el pasado 8 de abril.
En Guacarí, fueron judicializados Manuel Reinaldo Barbosa, Juan David López y Juan José Ducuara Moreno quienes, se presume, portaban 1.750 gramos de marihuana e insumos para la fabricación de cigarrillos. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril durante diligencias de registro y allanamientos en predios del barrio El Dorado.
El pasado 8 de abril fue detenido en el barrio Balboa de Buga Eisenhower Quiceno Suárez con, al parecer, 130 cigarrillos, tallos y semillas de marihuana. En esta misma localidad fue capturado Jorge Armando Delgado Ramírez a quien las autoridades le habrían incautado 818 gramos, también de marihuana. Estos procedimientos ocurrieron en el sector Las Palmitas.
Todos los procesados fueron enviados a centros carcelarios como medida preventiva.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
