La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres señalados de participar en un millonario y violento hurto, ocurrido en municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

En la fotografía aparecen de pie con los brazos adelante y esposados Simón Andrés Lugo Gómez y Juan Camilo Quiñónez Lugo. Uno de ellos usa una camándula en el cuello, viste con camisilla de color blanco y pantalón gris. El otro  usa camisilla y pantalón de color negro. Ambos presentan en sus brazos aplicaciones de gasas y microporos. En sus extremos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una superficie blanca y sobre ella hay un letrero que dice: ‘Capturado hurto’. Detrás de ellos hay un  pendón institucional de la Policía.
Simón Andrés Lugo Gómez y Juan Camilo Quiñónez Lugo habrían participado en millonario hurto.

Se trata de Simón Andrés Lugo Gómez y Juan Camilo Quiñónez Lugo quienes el pasado 17 de marzo, al parecer, intimidaron a un ciudadano con arma de fuego, obligándolo a entregar un maletín y otras pertenencias avaluadas en más de 81 millones de pesos. Una vez ocurrió el delito los dos huyeron en una motocicleta.

Los hoy imputados fueron capturados en flagrancia cuando intentaban evadir a las autoridades. En el procedimiento se les incautó dos armas de fuego y munición. Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó cargos por hurto calificado y agravado; además de correr traslado del escrito de acusación su contra.

El juez de control de garantías impuso a los dos hombres medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

 

MAP/DSVC/MAGA

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.