A petición de la Fiscalía seis presuntos responsables de presentar falsas víctimas de desplazamiento por la violencia, cuyo fin era obtener dinero de Acción Social de la Presidencia, fueron asegurados por el Juez 38 Penal de Bogotá con funciones de control de garantías.
Durante la audiencia de imputación efectuada en el complejo judicial de Paloquemao, el fiscal del caso les endilgó a los procesados cargos por concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho, y falsedad en documento público.
En la diligencia el funcionario judicial dio a conocer interceptaciones telefónicas y documentos que comprometerían la responsabilidad en el ilícito de los siguientes investigados: Diego Armando Rodríguez Bermúdez, funcionario de Acción Social, Lida Esperanza Martin Martín y José Adenis Vega Olaya, quienes fungían como abogados, Nubia Narvaez Díaz, Hoover Sánchez Morales y José Humberto Gómez Herrera.
De acuerdo con el fiscal, esas personas desde 2005 se habrían apropiado de aproximdamente ocho mil millones de pesos. Según lo establecido en la investigación, a las falsas víctimas les cobraban 40 mil pesos para su inclusión en las listas de desplazados. Una vez los dineros eran asignados se apoderaban del diez por ciento.
Así mismo, el fiscal dijo que para la comisión del fraude funcionaban dos cooperativas, en Bogotá y Villavicencio (Meta), que reclutaban a las personas y las instruían para su inclusión en las listas que conocía Acción Social.
Al finalizar la audiencia ninguno de los imputados se allanó a cargos. El juez de garantías remitió a los procesados a las cárceles La Picota y Buen Pastor de Bogotá.
