Fiscales adscritos a la Seccional Bolívar, judicializaron a un hombre y una mujer quienes, en hechos independientes, agredieron a dos personas, en Cartagena y Magangué, respectivamente.
El ente acusador imputó a los procesados, de acuerdo a sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y violencia intrafamiliar, cargos que no fueron aceptados.
Jorge Eliécer Rodríguez Vásquez, alias Maraquita sería una de las personas que el pasado 12 de junio sostuvo una riña con un grupo de residentes de otro barrio. Durante la disputa, en el barrio Candelaria de Cartagena, el procesado habría disparado contra un menor de 12 años, quien en la actualidad está hospitalizado con pronóstico reservado.
El señalado agresor fue capturado por la Policía Nacional poco después de cometer el crimen. Por decisión del juez, la medida de aseguramiento deberá cumplirla en un establecimiento carcelario.
Por otro hecho, fue judicializada una mujer de 19 años, señalada de atacar a su excompañero sentimental. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de junio en el barrio 2 de noviembre de Magangué. Al parecer, la investigada le causó múltiples heridas a la víctima, durante una discusión de pareja. El herido fue trasladado a un hospital donde le brindaron atención médica.
La mujer fue detenida en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, quienes encontraron en su poder un arma cortopunzante. Por decisión judicial, la procesada fue asegurada en un domicilio, diferente al de su entorno familiar.
MEVA/MAGA/FA/MBV/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
