Bajo la coordinación de una fiscalía especializada personal de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander), fueron capturados este 5 y 6 de septiembre tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Bélicos.
Se trata de Jhon Jairo Giraldo Echeverry, William Francisco Giraldo Prada, y Rubén Darío Rozo Rico, quienes estarían dedicados al almacenamiento y comercialización de armas de fuego, municiones y explosivos, así como de sustancias estupefacientes.
Según las indagaciones los procesados se reunían, al parecer, para concertar sus acciones delictivas desde agosto de 2019 hasta la actualidad, en los barrios Antonia Santos, Claret, Motilones San Luis, Torcoroma, Siglo XX y Comuneros de esa ciudad.
En audiencias preliminares ante un juez con funciones de control de garantías fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de armas y estupefacientes en contra de los señores Giraldo Echeverry y Giraldo Prada.
Por su parte, a Rozo Rico se le formularon cargos por concierto para delinquir concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados se allanaron cargos y por determinación del juez fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria.
Es de señalar que por estos mismos hechos fueron privados de la libertad en julio reciente ocho personas que hacían parte de dicho grupo delincuencial.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/MG/JAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
