Ante un juez con función de control de garantía fueron presentados tres presuntos integrantes del frente 12 de la Segunda Marquetalia, quienes fueron capturados en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.
Los operativos se efectuaron este 8 de marzo en la vereda Ciénaga del Opón, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja (Santander). Durante los mismos se incautaron tres fusiles, tres proveedores, 500 cartuchos, una granada de fragmentación, una pistola, celulares, brazaletes del frente 12 y panfletos y papelería para pago de extorsiones.
Durante la investigación se pudo establecer que durante 2023 y lo que va corrido de 2024, en Barrancabermeja y municipios aledaños, los hoy capturados habrían amenazado y extorsionando a comerciantes, empresarios y comunidad en general.
Así mismo, son señalados de publicar por redes sociales, desde enero pasado, panfletos y videos amenazantes.
La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de extorsión, concierto para delinquir con fines de terrorismo, actos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares y uso de uniforme e insignias.
Los judicializados son Jeferson Aviles Tirado, Nikol Andrés Cárdenas Parada y Héctor Luis Mendivelso Ascanio, quienes fueron afectados con medida de aseguramiento intramural.
La Fiscalía General de la Nación en el Magdalena Medio sigue impactando de manera contundente los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera.
La Fiscalía habla con resultados.
DRA/CFG/FPW/DMM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
