Los procesados habrían tenido participación en la incineración de un vehículo.
Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Popayán (Cauca) privó de la libertad a tres presuntos implicados en extorsiones a comerciantes.
Se trata de Eduardo Oqui Cerezo, Diego Fernando Inchima Golondrina y Héctor Robeiro Avirama Caldon quienes, según la Fiscalía, se hacían pasar como integrantes de las disidencias ‘Alfonso Cano’ de la Segunda Marquetalia.
Estas personas serían responsables de provocar la quema, el pasado 6 de abril, de un vehículo de servicio público, como una manera de presionar el pago de una extorsión a un comerciante de Popayán a quien le habrían exigido cancelar 30 millones de pesos en efectivo; además de 2 millones de pesos mensuales para evitar otras acciones similares contra los vehículos de su propiedad.
Acciones similares habrían sido dirigidas a otras empresas a las que les exigían pagos mensuales de 2, 5 y 10 millones de pesos, dependiendo del tamaño de empresa.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula; con apoyo de la Policía Nacional y Gaula Militar capturaron en flagrancia a los tres presuntos implicados cuando recibían 3 millones de pesos, al parecer, producto del ilícito.
En el procedimiento a los procesados les fueron incautados 3 celulares y un paz y salvo a nombre del bloque occidental comandante Alfonso Cano Segunda Marquetalia de las Farc.
La Fiscalía imputó a los procesados cargos por extorsión agravada y extorsión agravada en grado de tentativa, además de concierto para delinquir.
Por determinación del juez los presuntos implicados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
