La Fiscalía General de la Nación judicializó, en distintos procesos, a tres hombres, quienes estarían comprometidos en la extorsión de ciudadanos de Cartagena, Magangué y Malagana (Bolívar).
De acuerdo a sus responsabilidades individuales, los procesados fueron imputados con delitos de extorsión, tentativa de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los cargos fue aceptado.
En una primera investigación fue enviado a la cárcel Francisco Manuel Giraldo Peñata, de 23 años quien, al parecer, el pasado 24 de abril le exigió dinero a un comerciante del barrio Olaya Herrera de Cartagena. Se cree que el procesado también amenaza a la víctima con asesinarla si no cumplía con el pago. El hombre fue capturado en flagrancia por el Gaula de la Policía Nacional, el 28 de abril último, mientras recibía 500.000 pesos, presuntamente relacionados con el delito. En su poder le fue hallada 1 arma de fuego y 6 cartuchos, elementos para los cuales no tenía permiso de porte.

También fue privado de la libertad en un lugar de domicilio un hombre de 20 años quien, presuntamente, le exigía a su expareja sentimental 400.000 pesos a cambio de no publicar en redes sociales videos íntimos. El ahora investigado fue capturado en el municipio de Malagana cuando la mujer le entregaba el dinero de la supuesta extorsión.

Igualmente, fue asegurado con detención domiciliaria Deivis David Jerez Arrieta, de 23 años. Esta persona vendría amenazando de muerte a su hermana y a su cuñado, a quienes les exigía el pago de 2 millones de pesos. La intimidación se habría producido debido a que las dos víctimas habrían defendido a otro familiar durante una riña ocurrida el pasado 1 de enero. Los hechos acontecieron en el barrio El Prado de Magangué. La Policía Nacional materializó su captura cuando recibía la suma exigida.

MEVA/MAGA/KS/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.