Ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal, un fiscal seccional del Grupo de Flagrancias demostró, con evidencias recaudas, la presunta responsabilidad de Jhon Eduar Botina, Juan Sebastián Benavidez Ramírez y Juan Sebastián Fernández Cano como autores de los delitos de hurto calificado y agravado y violencia sobre las personas agravada.
El juez avaló la imputación de cargos y cobijo con medida de aseguramiento a Jhon Eduar Botina consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. En contra de Juan Sebastián Benavidez Ramírez y Juan Sebastián Fernández Cano impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia.
Según la investigación penal, el 15 de marzo de 2022, los tres asegurados ingresaron al parecer a una vivienda ubicada en la vía Potrerito – Jamundí (Valle del Cauca) donde se habrían apoderado de computadores, teléfonos celulares y una cámara fotográfica, bienes avaluados en $10.800.000.
El propietario del inmueble sorprendió a dos de los hombres, quienes presuntamente lo atacaron con un arma cortopunzante, con quienes sostuvo un forcejo, sin que hubiera resultado herido. Posteriormente, los supuestos asaltantes salieron de la vivienda y abordaron un vehículo Renault Logan con placas IIQ 272, que los esperaba fuera de la propiedad.
Durante la fuga, patrullas motorizadas de la Policía Nacional alcanzaron el automotor e hicieron bajar a los tres asegurados para una requisa. En su interior, los agentes hallaron dos computadores portátiles, una Tablet Lenovo, seis teléfonos celulares, un bolso y una cámara fotográfica, elementos hurtados en la vivienda asaltada.
Durante las audiencias concentradas los tres hombres no se allanaron a cargos.
La Fiscalía habla con resultados
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JGP/LS/CFG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
