Entre los procesados hay dos ecuatorianos.

En la fotografía aparecen los tres capturados junto a un servidor del CTI y dos infantes de la Armada Nacional. En la parte posterior están las especies recuperadas
Las especies piscícolas recuperadas de la pesca ilegal están en vías de extinción

Tres pescadores, dos de nacionalidad ecuatoriana y uno colombiano, fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación como posibles responsables de los delitos de daño a los recursos naturales y pesca ilegal. Las tres personas fueron capturadas cuando realizaban faenas de pesca en aguas jurisdiccionales de Tumaco.

Uniformados de la Armada Nacional fueron los encargados de detener a los pescadores cuando trasladaban en una embarcación con 164 kilogramos de tres especies marinas que están en vías de extinción: pez dorado (82 kilos), Banderón (33 kilos) y Marlin (49 kilos).

La embarcación y sus tripulantes fueron trasladados hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de la Armada Nacional donde fueron puestos a disposición de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CT) para su judicialización. El producto de la pesca fue entregado a expertos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNP).

Los funcionarios de la AUNP determinaron que las especies están en vías de extinción, al igual que el pez Vela, Tiburón Tollo y el Martillo. De la misma manera, se determinó que la pesca no contaba con la cadena de refrigeración adecuada. Además, conceptuaron que la pesca ilegal de estas variedades viene generando un daño al ecosistema marino y afecta el equilibrio ecológico de la región.

Los procesados fueron asegurados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

 

 

 

 

JGPV/JPGG/DSN/MAGA

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.