Dos de los procesados fueron enviados a prisión mientras que a un tercero el juez le dictó medida de detención domiciliaria.
La Fiscalía logró que un juez de garantía enviara a prisión a Jorge Luis Miraña, Aniceto Hernández Gutiérrez, Carlos Andrés Rodríguez Palmero mientras que a Carlos Andrés Rodríguez Palmero se le otorgó detención domiciliaria.
Luego de que la Fiscalía recibiera una denuncia por parte de la ciudadanía, sobre la venta, distribución y tráfico de estupefacientes en varios sectores populares de Puerto Carreño y que dicha actividad estaría alterando la sana convivencia y la tranquilidad de los habitantes debido a la recurrente llegada de personas desconocidas a comprar estas sustancias. A partir de esto los investigadores lograron hacer seguimiento en el sector y evidenciaron lo que venía sucediendo .
La Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional desplegó una operación interinstitucional donde se allanaron cuatro inmuebles en los barrios Gabriel Robledo, La Florida y San José de la capital del Vichada, encontrando, al parecer, sustancias tipo cannabis y cocaína, un carro, dinero en efectivo y fueron capturados en flagrancia los hoy procesados.
Los tres capturados fueron imputados por el delito de tráfico de estupefacientes, y presentados ante un juez quien aceptó todas las pretensiones del ente acusador en el sentido de declarar legales los procedimientos de allanamiento y de captura.
Cabe resaltar que dos de los imputados son reincidentes y estaban vigentes en su contra medidas restrictivas que pagaban en su domicilio en la actualidad y fueron revocadas por el juez.
Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
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LAZL/FAGH/DEF.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
